Desde el pasado 1 de mayo, el modelo de salud del magisterio en Colombia ha experimentado una transformación impulsada por el Gobierno, generando una serie de desafíos que han suscitado críticas y preocupaciones entre los usuarios.
El régimen de salud de los profesores difiere del sistema al que la mayoría de los colombianos están afiliados, pues, desde la promulgación de la Ley 100 de 1993, los maestros del país cuentan con un régimen especial de salud, gestionado a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Esta particularidad ha significado un cambio significativo en la manera en que se administra la atención médica para este sector de la población.
El Gobierno, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, ha implementado un cambio que busca eliminar la intermediación de los operadores y delegar sus funciones a la Fiduprevisora. Esto implica que la fiduciaria asumirá la responsabilidad de celebrar contratos con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y llevar a cabo auditorías para garantizar la transparencia en los servicios prestados.
A pesar de la intención de mejorar la libertad de elección de IPS para los miembros del magisterio y sus beneficiarios, las primeras semanas de implementación han estado marcadas por demoras, largas filas y quejas por falta de atención. Sindicatos de profesores, especialmente en Bogotá, han manifestado su descontento ante lo que consideran una "desorganización" en la implementación de estos cambios.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) ha emitido una circular instando a sus filiales a realizar informes sobre las dificultades que están enfrentando en el proceso de transición.
Este escenario plantea interrogantes sobre la viabilidad y efectividad de los cambios propuestos por el Gobierno. ¿Serán las dificultades experimentadas por poco más de 900.000 afiliados del magisterio un reflejo de lo que podría esperar el sistema de salud en su conjunto, que atiende a 50 millones de personas? Las lecciones aprendidas en esta transición podrían ser cruciales para comprender los desafíos futuros y garantizar una atención médica adecuada para todos los ciudadanos colombianos.
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