El pasado 9 de abril, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Norte de Santander emitió un fallo de primera instancia que destaca por su contundencia: Juan Agustín Ramírez Montoya, exgerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz, fue sancionado con destitución e inhabilidad por diez años. Este veredicto surge a raíz de un presunto conflicto de intereses relacionado con un proceso de contratación datado en 2019.
La medida disciplinaria se fundamenta en una denuncia presentada por Carlos Martín Rojas Carvajal en septiembre de 2019 ante la Procuraduría Regional. Rojas alertaba sobre posibles inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés en la suscripción del contrato N° 029 del 01 de enero de 2019, y su adición posterior, con la empresa Socimanor S.A.S. La crítica se centraba en la relación de parentesco entre el gerente del hospital, Juan Agustín Ramírez Montoya, y uno de los socios de la mencionada empresa, el doctor Jorge Emilio Parra Montoya, lo que, según Rojas, generaba un conflicto de interés que debería haber llevado a la inhabilitación de Ramírez para suscribir el contrato.
La Procuraduría encontró méritos en la denuncia de Rojas y determinó que Ramírez infringió principios fundamentales de la función pública. Se le acusó de no salvaguardar la función administrativa, de ignorar las normas vigentes al realizar trámites contractuales con una persona supuestamente inhabilitada, y de no garantizar la transparencia, responsabilidad y moralidad en la contratación estatal.
En respuesta al fallo, Juan Agustín Ramírez Montoya ha manifestado su desacuerdo y ha calificado la situación como un "espectáculo de justicia". Afirmó que no ha sido notificado oficialmente y denunció que este proceso es una "reciclaje" de investigaciones previas, en las que ya había sido exonerado. Además, hizo alusión a posibles motivaciones políticas detrás de la decisión, insinuando que ciertos sectores no toleran su actuación al margen de la corrupción en el departamento.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la ética en la gestión pública, así como la necesidad de investigaciones rigurosas para salvaguardar el interés público y la integridad de las instituciones.
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