En medio de un ambiente cargado de controversia y tensiones políticas, la ciudad de Cúcuta se ve nuevamente envuelta en una polémica relacionada con la elección del personero para el periodo 2024-2028. Los acontecimientos, que se remontan a la elección anterior en 2021, han dejado un sabor amargo en la opinión pública y han resurgido con una decisión que ha marcado el inicio de la Corporación con el pie izquierdo.
Desde el comienzo, la elección se vio empañada por acusaciones de favoritismos políticos, influencia de partidos y señalamientos hacia un senador. La sombra del alcalde Jorge Acevedo ha sido mencionada, sugiriendo un guiño hacia determinadas candidaturas. Las demandas, denuncias y tutelas presentadas en el pasado no parecen haber disuadido a los actores involucrados en repetir patrones cuestionables en el proceso actual.
Uno de los puntos más álgidos ha sido la presunta mordaza a los medios de comunicación durante el acto de elección. El Concejo de Cúcuta, en una maniobra que ha desatado críticas, violó el derecho a informar y ser informados consagrado en la Constitución Política de Colombia. La obstrucción al cubrimiento del evento se ha interpretado como un intento de ocultar información relevante a la comunidad y a la opinión pública.
La falta de explicaciones claras sobre lo que se quería ocultar durante la elección ha levantado sospechas de posibles irregularidades, alimentando la desconfianza hacia los actuales directivos del cabildo cucuteño. La polémica en torno a una presunta violación al estatuto de oposición ha dejado al descubierto grietas en la legitimidad del proceso electoral y ha avivado el debate sobre la transparencia en la toma de decisiones a nivel local.
El episodio ha despertado un llamado de atención sobre la importancia de garantizar el acceso libre a la información sin restricciones, no solo como un derecho fundamental sino como un pilar esencial de la democracia. Los funcionarios, subrayan analistas, tienen la obligación de cumplir con la Constitución, las leyes, los acuerdos y las decisiones judiciales, y la elección del personero, saturada de demandas, denuncias y tutelas, pone a prueba el compromiso de las autoridades con esos principios.
Este episodio marca, sin duda, un mal precedente para la democracia local, dejando entrever no solo irregularidades en el proceso electoral, sino también una animadversión contra la prensa. Al olvidar que la misión de informar a la comunidad es vital para el sano funcionamiento de la democracia, el Concejo de Cúcuta ha suscitado comparaciones con regímenes totalitaristas y ha sembrado dudas sobre su compromiso con las libertades fundamentales. La elección del personero, más allá del nombre de quien ocupe el cargo, se ha convertido en un símbolo de los desafíos que enfrenta la democracia local en Cúcuta.
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