El pasado miércoles, la Fiscalía colombiana presentó una solicitud de prisión preventiva contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y Sneyder Pinilla, exsubdirector del mismo organismo. Ambos son acusados de representar un peligro para la comunidad en relación con un presunto entramado criminal.
El proceso judicial, iniciado el 25 de julio, incluye imputaciones por delitos graves como concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Según la investigación, la red operaba con el objetivo de desviar fondos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo.
La fiscal del caso, María Cristina Patiño, destacó que la solicitud de cárcel no se basa en meras sospechas, sino en evidencias contundentes que respaldan la medida de aseguramiento. Según la Fiscalía, Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López habrían malversado más de 2 millones de dólares en la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.
Además, se mencionó un organigrama que implica al actual director del Departamento de Función Pública, César Manrique, como uno de los líderes de la presunta red criminal. Se señala que Manrique, junto con los exdirectivos de la Ungrd, participó en la desviación de recursos destinados a la atención de desastres en Colombia.
María Cristina Patiño advirtió sobre la persistencia de la organización criminal, indicando que los acusados podrían mantener contactos con otros miembros mientras permanezcan en libertad. Asimismo, hizo hincapié en la implicación de funcionarios estatales de diversos niveles, incluyendo congresistas, quienes presuntamente recibieron sobornos provenientes de fondos públicos.
Este escándalo de corrupción ha puesto en tela de juicio la integridad del manejo de recursos destinados a situaciones de emergencia en el país, generando una fuerte indignación pública y llamados a una investigación exhaustiva y justicia transparente.
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