Entre los investigados se encuentran el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
Olmedo López, Luis Fernando Velasco y Carlos Ramón González. | Foto: SEMANA
Las declaraciones del exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo (Ungrd), Olmedo López, ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han desatado una tormenta política y judicial en Colombia. López reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre un presunto entramado corrupto que habría saqueado miles de millones del erario público, en un caso que se considera uno de los más significativos en el proceso de investigación contra la corrupción en el país.
Según López, durante su gestión en la UNGRD recibió instrucciones directas del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para direccionar millonarios contratos. Estos contratos, según su testimonio, tenían como objetivo asegurar el apoyo en el Congreso para proyectos de ley o temas de interés del Ministerio de Hacienda, beneficiando exclusivamente a congresistas en lugar de ciudadanos.
Sandra Ortiz. Foto cortesia
La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación que involucra a varios funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del Gobierno de Gustavo Petro. Entre los investigados se encuentran el mencionado exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Todos deberán responder ante el ente acusador por presuntas actuaciones ilegales relacionadas con contratos y manejo de recursos públicos.
Ricardo Bonilla y Olmedo López. | Foto: Revista Semana
Además del testimonio de Olmedo López, la Fiscalía cuenta con los chats entregados por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd y otro de los principales testigos en este caso. Estos chats revelan conversaciones entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, donde se discutían contratos por un valor total de $92.000 millones. Según las investigaciones preliminares, estos fondos habrían sido destinados para asegurar votos en el Congreso a favor de iniciativas del Ministerio de Hacienda, lo que sugiere un posible uso indebido de recursos públicos en beneficio político.
Este escándalo ha generado un profundo impacto en la opinión pública y en el ámbito político del país, reavivando el debate sobre la transparencia en la administración pública y la responsabilidad de los altos funcionarios en el manejo de recursos del Estado.
Se refleja las graves acusaciones y las implicaciones políticas y judiciales derivadas de las revelaciones sobre corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro, destacando la importancia del testimonio y las pruebas presentadas ante la Fiscalía General de la Nación.
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