La Procuraduría confirma sanción de ocho años a Juan Agustín Ramírez Montoya, aunque reduce el periodo inicial de diez años
En una reciente decisión, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 ha ratificado, en parte, la sanción impuesta al exgerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz, Juan Agustín Ramírez Montoya. La medida confirma la destitución e inhabilidad del directivo por un periodo de ocho años, aunque disminuye el tiempo de la sanción inicial, que era de diez años.
El fallo de segunda instancia respalda las acusaciones de conflicto de intereses contra Ramírez Montoya, quien, según el ente de control, no se declaró impedido para participar en el contrato con la empresa Socimanor SAS, de la cual su primo era socio. El Ministerio Público destaca que el exdirectivo permitió que una entidad con la que tenía un vínculo familiar contratara con el hospital, contraviniendo las normas de imparcialidad y moralidad en la administración pública.
El fallo indica que Ramírez Montoya desconoció las normativas diseñadas para asegurar el interés general y no cumplió con el procedimiento adecuado. Según la sentencia, la defensa del exgerente alegó un error invencible basado en un concepto jurídico sobre la inexistencia de inhabilidades para personas jurídicas y sus socios. Sin embargo, el fallo subraya que Ramírez Montoya ya había sido advertido sobre el conflicto de intereses en una investigación anterior.
A pesar de la confirmación de la sanción, Juan Agustín Ramírez Montoya no ha dado su brazo a torcer y continúa su lucha para revertir la decisión. Entre sus estrategias se encuentra la presentación de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
En sus declaraciones, Ramírez Montoya ha expresado que su sanción responde a intereses políticos en el departamento, sugiriendo que su éxito radica en haberse distanciado de prácticas corruptas. “La clase política corrupta del departamento no tolera que alguien ajeno a ellos no los deje robar, ni en el hospital ni en Imsalud. Esa es una de las razones de mi éxito. Rompí cadenas y me liberé de ellos hace rato”, afirmó.
El caso continúa siendo objeto de debate y análisis, mientras la comunidad observa el desenlace de la disputa legal y su impacto en la administración pública local.
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