Colombia, en materia de recepción y atención migratoria, desde la administración Santos, se convirtió para el mundo en referencia respecto de la acogida de migrantes, reflejada la misma en la implementación del Permiso Especial de Permanencia -PEP- tanto para migrantes regulares como irregulares, política está que fue complementada por la administración del presidente Duque al crear a través del Decreto 216 del año 2021 el Permiso por Protección Temporal -PPT- cuya normativa ha sido precisada en cuanto a sus alcances por la Corte Constitucional del país y que ha sido celebrada internacionalmente.
Cuando uno analiza las actuaciones de los dos presidentes que antecedieron en el palacio de Nariño al señor presidente Petro, observa que durante sus períodos, aproximadamente cada dos años, se expedían desde el alto gobierno, actos administrativos que organizaban y facilitaban la integración de la migración venezolana al país.
Colombia hoy, cuando ya está por finalizar la primera mitad del actual periodo presidencial, reconoce que en esta tierra se encuentran en calidad de migrantes irregulares, para solo referirnos a ellos, cerca de 500 mil de ellos y acontece que para los mismos -y para todos los migrantes venezolanos en general- la actual administración no ha emitido política pública de integración alguna, en tanto que los anuncios efectuados a la fecha, lo que evidencian es el poco interés en el tema que al respecto se tiene desde el alto gobierno. Esa cifra de migrantes irregulares, para solo referirnos a ellos, fue la misma que caracterizó la administración Santos a través del registro administrativo de migrantes venezolanos que dio lugar al PEPRAMV.
Así las cosas, en los últimos 30 días, desde cancillería se anunció la implementación del PEP TUTOR que, como ya en columna previa explicamos, de esa porción de venezolanos irregulares en Colombia, solo beneficiará a los padres y representantes de los menores de edad que hubieren recibido su PPT al 12 de agosto de 2022, discriminando así a los que lo recibieron posteriormente, obviando que Migración Colombia, durante la administración Duque tuvo grandes problemas entre septiembre y octubre del 2021 para diligenciar los mismos y adicionalmente marginando, solo por una razón temporal, a los menores que los recibieron posteriormente, cuyos padres continuarán en condición de irregularidad migratoria, impedidos de mantenerles en sus estudios y nivel de vida por no poder trabajar legalmente en el país.
Ahora, esta pasada semana, el señor canciller Murrillo anuncia la implementación de una nueva medida, una visa para trabajadores temporeros de actividades agrícolas, que aplicará como se desprende de su denominación a quienes esa condición tendrían para laborar en las mismas.
Demás está decir que esa última medida desconoce que, para que una persona pueda optar a dicha autorización de permanencia, requiere tener pasaporte, cuyo costo oficial para un venezolanos, es equivalente a 80 salarios mínimos y que es por ello, entre otros motivos, que se les genera a los países a donde llegamos, nuestra migración irregular. Pero adicionalmente, desde cancillería se obvia que el costo del estudio y aprobación de la misma implicará la erogacion de cerca de 500 dólares que, de seguro, su beneficiario deberá pagar, a la vez que desconoce que la medida en cuestion beneficiará a pocos migrantes y que los que accedan a la misma solo tendrán un beneficio temporal en tanto que, probablemente al finalizar su vigencia, sus beneficiarios se quedarán en Colombia como migrantes irregulares.
Una migración regular es beneficiosa para todos tal como siempre lo hemos afirmado. La actual gestión pública colombiana, sin embargo, al respecto da señales contradictorias. La omisión en emitir decisiones respecto de nuestra presencia pareciere reflejar un deseo de que retornemos a nuestro país lo cual es ciertamente posible si las cosas internamente cambian pero que se agravaran, nadie lo dude, si permanecen inalterables.
La actual inacción colombiana respecto de nuestra presencia en el país, adicionalmente, implica para Colombia una pérdida de oportunidad pues, pudiendo diseñar con Venezuela, independientemente de quién esté al frente de los destinos de ese país, una política de reciprocidad de atención a los respectivos nacionales dentro de las fronteras del otro, se ha limitado a proponer medidas restrictivas de atención e integración, perdiendo así, nadie lo dude, una oportunidad, máxime cuando que ya tiene aprobado un mecanismo como el PPT cuya vigencia, respecto de la incorporación al mismo pudiere ampliar sólo con un decreto de dos artículos.
Venezuela será siempre para los colombianos un destino natural de trabajo, en tanto las condiciones políticas de la tierra del Libertador lo permitan, en tanto que Colombia lo será para nosotros en tanto nuestra situación política permanezca inalterable. A eso creo debería anticiparse la actual administración colombiana y estimo que, lamentablemente, no lo está haciendo.
Estoy seguro que esta es la columna más severa que he escrito respecto de la situación de los migrantes venezolanos en Colombia. Espero que los lectores no la interpreten solo como una crítica o reclamo, no es esa mi intención pues, en lo personal soy un venezolano agradecido de la recepción que con nosotros han tenido. Es un llamado respetuoso de atención a un problema que puede convertirse en oportunidad para el presente y el futuro de esta tierra de Nariño y Caldas, solo si el actual gobierno quiere que eso sea posible, pues de el y solo de el depende. Es, en todo caso, una respetuosa sugerencia.
Por: Gonzalo Oliveros Navarro @barraplural @fundacion2pais1
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