En una decisión trascendental, la Corte Constitucional de Colombia, a través de la sentencia T-129 de 2024, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, ha establecido un importante precedente en la protección de los derechos de los migrantes venezolanos que buscan ejercer su profesión en el país. La Corte le ordenó a la Junta Central de Contadores que, al momento de evaluar las solicitudes de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de contador público para migrantes venezolanos, aplique el Código Civil y se abstenga de exigir requisitos adicionales no previstos en la ley.
El Caso de William Pirela: Un Ejemplo de Injusticia
La decisión de la Corte surgió a raíz del caso de William Pirela, un contador venezolano cuya solicitud para la expedición de la tarjeta profesional fue rechazada por la Junta Central de Contadores, argumentando que no cumplía con ciertos requisitos probatorios adicionales, no estipulados en la ley. Esta situación llevó a Pirela a buscar amparo en los tribunales, alegando que se le habían vulnerado sus derechos al trabajo, al libre ejercicio de su profesión, al debido proceso administrativo y al derecho de petición.
Inicialmente, el Juzgado Doce de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá había fallado a favor de Pirela, pero dicha decisión fue modificada por el Juzgado Cincuenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, negando el amparo a sus derechos. No obstante, la Corte Constitucional, en su sentencia, revocó parcialmente esa decisión y ordenó proteger los derechos de Pirela.
La Orden de la Corte: Aplicar el Código Civil y Evitar Requisitos Arbitrarios
La Corte Constitucional no solo protegió los derechos de William Pirela, sino que también sentó un precedente para futuras solicitudes de migrantes venezolanos. Ordenó a la Junta Central de Contadores que, al evaluar el requisito de tres años de domicilio previsto en el artículo 3 de la Ley 43 de 1990, aplique las presunciones del Código Civil para constatar el elemento subjetivo del domicilio y se abstenga de exigir requisitos probatorios no previstos en la ley.
Esta medida tiene como objetivo evitar que se impongan barreras adicionales y arbitrarias que dificulten el acceso de los migrantes venezolanos al ejercicio de su profesión en Colombia, garantizando así un trato justo y conforme a derecho.
Un Precedente de Inclusión y Justicia
La sentencia T-129 de 2024 es un paso significativo hacia la inclusión y protección de los derechos de los migrantes en Colombia, particularmente en un contexto donde muchos profesionales venezolanos buscan integrarse al mercado laboral colombiano. Al asegurar que los procedimientos para la expedición de la tarjeta profesional de contador público sean justos y ajustados a la ley, la Corte Constitucional refuerza los principios de igualdad y debido proceso, esenciales en un estado de derecho.
Esta decisión envía un mensaje claro: las entidades administrativas deben actuar dentro del marco de la ley, sin imponer requisitos adicionales que puedan vulnerar los derechos de los solicitantes, especialmente en el caso de migrantes que buscan una vida mejor en Colombia.
Comments