El 17 de abril, la Fiscalía General de Venezuela informó la muerte del coronel Marino José Lugo Aguilar mientras estaba detenido bajo custodia del Estado. El Ministerio Público anunció a través de sus redes sociales que la evidencia preliminar establece que la causa de muerte fue por ahorcamiento, sin ofrecer mayores detalles. Lugo Aguilar estaba siendo investigado por su supuesta vinculación a la trama de corrupción conocida como PDVSA-Cripto.
Este caso no es un evento aislado, ya que se suma a una serie de muertes de personas bajo custodia del Estado relacionadas con investigaciones de corrupción en Venezuela. Por ejemplo, en abril de 2023, Leoner Jesús Azuaje Urrea falleció bajo circunstancias similares a las de Lugo Aguilar. El fiscal general Tarek William Saab declaró que Azuaje Urrea murió por "asfixia mecánica o por constricción de cuello por ahorcamiento" y que su muerte fue un suicidio.
Un mes después, Juan Almeida, otro detenido en relación a la trama de PDVSA-Cripto, falleció mientras estaba bajo arresto domiciliario debido a una enfermedad terminal. Además, el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel murió en 2021 mientras estaba detenido en una prisión de Caracas por complicaciones relacionadas con el COVID-19.
La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo en 2019 también suscitó sospechas sobre el gobierno de Nicolás Maduro y fue objeto de preocupación por parte de organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros. Acosta Arévalo fue arrestado por su supuesta participación en un complot contra el presidente Maduro y falleció bajo custodia, levantando críticas hacia el régimen de Maduro.
Otro caso relevante es el de Fernando Albán, un concejal opositor que murió en octubre de 2018 en circunstancias confusas mientras estaba detenido por su presunta implicación en un intento de magnicidio contra el presidente Maduro. Funcionarios venezolanos declararon que Albán murió por suicidio tras saltar desde una ventana del décimo piso de una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, pero críticos acusaron al régimen chavista de asesinar a Albán.
Estos eventos resaltan una serie de muertes bajo custodia del Estado en Venezuela, relacionadas con investigaciones de corrupción y opositores políticos, generando preocupación en torno a las prácticas de detención y el respeto a los derechos humanos en el país.
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