Durante el año 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha revelado que la mayoría abrumadora de los contratos otorgados por las administraciones públicas municipales en México se realizaron a través de adjudicación directa. Según los datos proporcionados por el Inegi, de un total de 135,496 contratos, 100,858 fueron adjudicados directamente, lo que representa un 74% del total. Estos contratos sumaron un monto de 53,088.9 millones de pesos, consolidando a la adjudicación directa como el procedimiento de contratación más frecuente.
Asimismo, el informe detalla que 26,043 contratos fueron realizados mediante invitación a cuando menos tres personas o invitación restringida, mientras que solo 5,498 contratos se llevaron a cabo a través de licitación pública. Se identificaron también 3,006 contratos catalogados como "otros" y solo 11 contratos realizados mediante licitación internacional.
Según el comunicado emitido por el Inegi, del total de contratos analizados, 76,771 correspondieron a adquisiciones, arrendamientos y servicios, mientras que 58,645 estuvieron relacionados con obra pública y servicios relacionados. En el caso de estos últimos, se observó que el 40.2% del monto de los contratos se realizó mediante invitación a cuando menos tres personas o invitación restringida, seguido por un 40.2% correspondiente a adjudicación directa, un 18.5% a licitación pública nacional y un restante 1.1% correspondiente a otro procedimiento.
Estos hallazgos ponen de relieve la predominancia de la adjudicación directa como método de contratación en las administraciones públicas municipales durante el 2020, suscitando interrogantes sobre la transparencia y eficacia de los procesos de licitación en el sector público.
Análisis de la Contratación Pública en Norte de Santander entre 2020 y 2023
Durante el período comprendido entre 2020 y 2023, el departamento de Norte de Santander ha visto una distribución significativa de recursos a través de contratos públicos. Sin embargo, el análisis detallado revela que un porcentaje considerable de estos recursos se adjudicó directamente, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad en los procesos de contratación.
Según datos revelados, de los $2,1 billones contratados en este período, el 41% se asignó mediante adjudicación directa, totalizando más de $858.815 millones. Este hallazgo es significativo ya que la adjudicación directa, si bien puede ser necesaria en ciertos casos específicos, también puede plantear preocupaciones sobre la competencia y la justicia en la asignación de recursos públicos.
Por otro lado, solo un 26% de los recursos se destinaron a contratación mediante licitación pública, lo que sugiere una posible falta de competencia y transparencia en los procesos de selección. Además, otras modalidades como la selección abreviada y otras variantes representaron el 33% restante de los recursos contratados.
Resulta alarmante que tan solo 546 contratos hayan sido otorgados mediante licitación pública y apenas 60 a través de convocatoria pública. Esto plantea dudas sobre la eficacia y la equidad de los procesos de selección utilizados en la región.
Es importante destacar la concentración de contratos adjudicados directamente en algunos municipios específicos.
En Villa del Rosario, en donde las dos administraciones que tuvo esa localidad fronteriza en los últimos cuatro años comprometieron un poco más de $114.601 millones en contratos otorgados directamente. La cifra de contratos suscritos allí de manera directa fue de 4.513.
En segundo lugar aparece Ocaña, con $99.972 millones adjudicados mediante la modalidad de contratación directa. En este municipio, el monto contratado fue mayor, pues alcanzó el 72,5% (3.480 contratos).
En Tibú, la mitad de la contratación hecha fue directa, un poco más de $61.825 millones, equivalentes a $1.706 contratos.
Le siguen Los Patios, $43.617 millones (30% de la contratación); Chinácota, $36.676 millones (42%); Toledo, $34.358 millones (48,32%), y Pamplona, $29.203 millones (58,57%).
Se observa que existen casos específicos en los que la contratación directa está justificada, como en situaciones de urgencia manifiesta, contratación de empréstitos y en actividades científicas y tecnológicas. Sin embargo, es esencial que se utilice con prudencia y se supervise adecuadamente para evitar posibles abusos y prácticas corruptas.
Los datos sobre la contratación pública en Norte de Santander entre 2020 y 2023 plantean desafíos importantes en términos de transparencia, competencia y rendición de cuentas. Es fundamental que las autoridades pertinentes tomen medidas para fortalecer los procesos de contratación y garantizar la correcta utilización de los recursos públicos en beneficio de la comunidad.
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