Las revelaciones de los últimos días sobre el plan de expansión del EGC en el Oriente Antioqueño, ya no con rumores de cantina, sino con la incautación de un arsenal con fusiles de asalto de última generación, las capturas de personajes bastante conocidos por su accionar delincuencial en el Territorio y las declaraciones públicas de un General de la República confirmando la existencia de informes de inteligencia que dan cuenta de un «plan de expansión del Clan del Golfo en el Oriente Antioqueño» han prendido las alarmas en diferentes sectores sociales sobre la posibilidad de que esta Región repita la historia de dolor y muerte de hace apenas dos décadas.
Sin embargo, ese «plan de expansión» no apareció de la noche a la mañana, ni por obra y gracia del Espíritu Santo, se ha cuajado por varios años con una responsabilidad enorme del Estado Colombiano. Para iniciar el no haber copado social y militarmente los territorios dejados por el Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN, después de la derrota militar, ni los de las FARC una vez se dieron las negociaciones y la desmovilización de esa guerrilla que tuvo presencia con tres frentes en esta Región, ni tampoco los de las ACMM y AUC después de los Pactos de Ralito, dejó abierta la posibilidad para que nuevos actores ilegales se tomaran esos corredores estratégicos.
Lo segundo que es necesario anotar es qué: en el Oriente Antioqueño, fruto de ese desentendimiento estatal, los ilegales lograron construir una de las economías ilegales más sofisticadas del país. En las periferias de las zonas bosques, paramos y aguas se extraen miles de gramos de oro cada mes y se raspan toneladas de hoja de coca cada año, que son transformadas en miles de kilos de cocaína. Para completar el circuito económico, se lava el dinero en el boom inmobiliario, que por demás permeo diferentes alcaldías, en el Altiplano del Oriente Antioqueño, donde se dan licencias de construcción a diestra y siniestra y, se cambia la vocación del uso de los suelos al antojo y necesidad de los desarrolladores.
Tal vez por eso al Oriente Antioqueño, diferentes analistas de seguridad del país lo han denominado el «paraíso ilegal de Colombia». Y tal vez por eso, hoy se conocen las declaraciones de un General de la República afirmando lo que por meses fue un rumor a voces en toda la Región. Ya no se puede tapar el sol con las manos.
Ahora es necesario que la institucionalidad, toda la institucionalidad, actúe de manera coordinada para subsanar el grave error cometido hace veinte años y es que el Estado cope, social y militarmente, los corredores estratégicos de la Región para que no se haga realidad este, ya no supuesto, sino real «Plan de Expansión» de los grupos al margen de la Ley.
Para iniciar, se hace necesario desmantelar las más de cincuenta actividades de minería ilegal que existen y se ataque la siembra y procesamiento de hoja de coca en la Región. De paso identificando y judicializando a quienes, desde la institucionalidad, están colaborando con ese circuito económico ilegal en el Oriente Antioqueño.
Por: Oscar Castaño Valencia
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