En medio del lema “vivir sabroso” que caracteriza al gobierno de Gustavo Petro, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha revelado un informe inquietante sobre los gastos crecientes en la estrategia de comunicaciones de la Presidencia, con un foco particular en influencers y redes sociales. El documento, conocido por EL COLOMBIANO, expone cómo estos recursos, destinados a fortalecer la imagen del gobierno, se han convertido en motivo de polémica.
El informe de la FLIP subraya una “tendencia creciente” en el uso de fondos públicos para contratar influencers, cuyos servicios han costado al país un total de $662 millones en los primeros dos años de la administración Petro. Esta estrategia de comunicación, que ha sido ejecutada a través de entidades como Colombia Compra Eficiente y RTVC Sistema de Medios Públicos, hoy dirigido por Hollman Morris, ha estado bajo la lupa no solo por los montos invertidos, sino también por los cuestionamientos sobre la transparencia y la eficacia de estos contratos.
Uno de los casos más destacados es el del influencer Walter Alfonso Rodríguez, conocido como ‘Wally Opina’, quien recibió un contrato de $45’600.000 para la creación de contenidos jurídicos para las plataformas de RTVC. También se menciona a María Niny Echeverry, contratada por $24’333.333 para apoyo en actividades periodísticas y de contenidos, quien además sumó otro contrato con Prosperidad Social (DPS) por $83’400.000 para asesoría en derecho a la Dirección de Inclusión Productiva.
La contratación de influencers no se detiene ahí. Jader David Rozo, más conocido como ‘Don Izquierdo’, fue contratado por $35’550.000 para apoyar el periodismo digital, mientras que Nicolás Garzón Carvajal, uno de los asesores de ‘Wally Opina’, firmó contratos por un total de $188’901.871 para asesorar en comunicaciones internas y externas.
El informe también destaca a Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como ‘Lalis Smile’, quien actualmente se desempeña como asesora de la Superintendencia de Industria y Comercio y firmó dos contratos por $19’838.709. Además, el Ministerio de Ambiente contrató a Celso Tete Crespo por $120’266.667 para tareas de comunicación digital, mostrando cómo diferentes ministerios y entidades se han sumado a esta estrategia.
Sin embargo, estos gastos han generado preocupación en la Contraloría, que ha alertado sobre la ejecución presupuestal en RTVC y ha identificado posibles hallazgos fiscales por un valor de hasta $9.371 millones. En este contexto, RTVC también enfrenta cuestionamientos sobre el millonario “Concierto de la Esperanza”, para el cual se destinaron $2.295 millones, y que ahora requiere explicaciones detalladas.
La estrategia comunicativa del gobierno Petro, bajo la consigna de “vivir sabroso”, ha derivado en una serie de contratos millonarios que ahora están bajo el escrutinio público. Si bien estos recursos buscan fortalecer la presencia del gobierno en el ámbito digital y mejorar su comunicación con la ciudadanía, las críticas y las dudas sobre la transparencia en su ejecución continúan creciendo, planteando serios cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos en la administración actual.
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