Soldados implicados detallan manipulación de escenas y ejecuciones extrajudiciales durante el conflicto
En una semana marcada por una trascendental audiencia, el departamento de Norte de Santander ha vuelto a ocupar los titulares, esta vez debido a revelaciones impactantes surgidas en el marco de una investigación conducida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los conocidos casos de "falsos positivos" que han ensombrecido su historia.
Los protagonistas de esta audiencia fueron aquellos que tuvieron algún grado de participación en los hechos, aunque su contribución no resultara determinante. Sus testimonios arrojaron luz sobre prácticas aberrantes llevadas a cabo durante el conflicto armado, tales como disparar armas, simular combates, alterar escenas del crimen y otros comportamientos igualmente condenables.
Esta diligencia forma parte de la estrategia conocida como la ‘Ruta No Sancionatoria’, concebida por la JEP con el objetivo de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación, mientras brinda a los comparecientes la oportunidad de redimirse ante la justicia y reintegrarse a la sociedad. Esta iniciativa se presenta como un paso crucial hacia la reconciliación y la construcción de la paz en la región.
Los primeros en rendir testimonio fueron los soldados profesionales en servicio activo, Leonardo Antonio Guzmán Cortés y Gersaín Guzmán Vargas. Estos soldados estuvieron directamente involucrados en el trágico asesinato del campesino Héctor Antonio Rubio Álvarez en julio de 2007, en Hacarí, Norte de Santander.
Según el relato de Leonardo Guzmán, el sargento viceprimero Arnoldo Téllez, perteneciente al Batallón de Contraguerrilla No. 96, ordenó inicialmente el asesinato de Rubio Álvarez. Sin embargo, Guzmán se retractó de cumplir la orden tras entablar una conversación con la víctima. Esto llevó a que el plan original fuera modificado, resultando en el trágico desenlace para el campesino.
Por su parte, Gersaín Guzmán Vargas detalló cómo participaron en un procedimiento ilegal para intentar justificar la muerte de la víctima, incluyendo la manipulación del cuerpo con armas y granadas, así como la simulación de un combate para encubrir el homicidio.
Los magistrados de la JEP solicitaron a los soldados más detalles sobre otros miembros del Batallón de Contraguerrilla involucrados en los hechos, así como explicaciones detalladas sobre la alteración de la escena del crimen y otros aspectos relacionados con el fatídico suceso.
Este caso, relatado por los comparecientes, ya ha sido reconocido por las máximas autoridades a cargo de la Sala de Reconocimiento de la JEP, lo que subraya la importancia y veracidad de los testimonios ofrecidos.
Norte de Santander, siendo el quinto departamento con mayor número de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado durante el conflicto, se encuentra en el centro de la atención de la JEP. Según esta jurisdicción especial, el 68 por ciento de estos casos ocurrieron en la región del Catatumbo.
La ‘Ruta No Sancionatoria’ busca contribuir a cerrar el capítulo del conflicto armado en Colombia y resolver de manera definitiva la situación jurídica de los comparecientes ante la JEP. La subsala Catatumbo, encargada de analizar los casos relacionados con la Brigada Móvil 15 y otras unidades militares en la región, tiene ante sí el desafiante deber de evaluar al menos 500 casos de comparecientes vinculados a estos hechos.
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