La situación de violencia y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el departamento de Norte de Santander ha alcanzado niveles alarmantes, según revelan las cifras recopiladas por la Corporación Red Departamental de Derechos Humanos.
Durante el año 2023, más de 155 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron amenazados, y lamentablemente, seis de ellos fueron asesinados. Estas cifras reflejan una realidad angustiante en la región, que en los últimos 7 años ha sido testigo de la muerte violenta de más de 60 activistas, con un preocupante 90% de casos aún impunes.
La ciudad de Cúcuta, en particular, enfrenta una escalada de violencia, con al menos 25 amenazas contabilizadas solo este año. La reciente amenaza al alcalde Jorge Acevedo por parte de bandas delictivas, presuntamente vinculadas al Tren de Aragua y las AK-47, desencadenó una ola de intimidación hacia líderes comunales en la ciudad.
Tras el trágico suceso del asesinato del veedor social Jaime Vásquez, Enrique Pertuz, activista por los derechos humanos en el departamento, expresó su preocupación por la falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades civiles y militares. Criticó la ausencia de "voluntad política" para enfrentar a las estructuras armadas que ejercen un fuerte control en los barrios y comunas de la zona.
En consonancia con esta postura, Jair Díaz, concejal de la Alianza Verde, destacó la necesidad de unidad para abordar la inseguridad en la ciudad, dejando de lado intereses políticos individuales.
El reciente llamado de alerta hecho por un grupo de concejales de Cúcuta al presidente Gustavo Petro y al Ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha generado opiniones divididas. Mientras Pertuz lo considera inútil y evasivo, Díaz ve en él una oportunidad para poner fin a la improvisación y abordar de manera integral las problemáticas de la ciudad.
Pertuz cuestiona la eficacia de simplemente aumentar el pie de fuerza, mientras que Díaz confía en que, junto con soluciones para el desempleo y la inversión social, el fortalecimiento de las capacidades policiales y militares pueda brindar una respuesta efectiva a la inseguridad ciudadana.
En medio de estas opiniones encontradas, la comunidad de Norte de Santander y especialmente la ciudad de Cúcuta, claman por acciones concretas y coordinadas que pongan fin a la violencia y garanticen la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos que luchan por un futuro más justo y seguro.
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