En medio de crecientes controversias, continúa la atención pública sobre el préstamo propuesto por el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, el cual está bajo escrutinio por presuntas irregularidades. Se especula que el Concejo Municipal de Cúcuta podría autorizar este empréstito, a pesar de críticas sobre su necesidad real.
Se ha argumentado ampliamente que la alcaldía ha recuperado un significativo 51% de la cartera pendiente, lo cual podría proveer recursos suficientes para financiar proyectos sin necesidad de acudir a préstamos externos. Además, se ha destacado la existencia de fondos sin utilizar desde hace al menos una década, así como una fiducia valorada en aproximadamente 470 mil millones de pesos, disponibles para ser empleados.
El Concejo Municipal también ha aprobado recursos provenientes del saldo no ejecutado por la administración anterior, sumando un total de 122 mil millones de pesos, y cuenta con un presupuesto considerable para el año 2024, alcanzando los 16 billones de pesos, además de un superávit reportado.
Sin embargo, la propuesta de endeudamiento por parte del alcalde, que podría dejar a la ciudad comprometida por los próximos 15 años, ha generado críticas adicionales. Expertos legales han expresado preocupaciones sobre posibles irregularidades en la evaluación realizada por la calificadora de riesgos, señalando discrepancias entre la información proporcionada por el alcalde al Concejo y los datos suministrados por la calificadora.
En un desarrollo reciente, la abogada Natalia Yulieth Angarita Castro ha radicado un documento ante el Concejo de Cúcuta el 17 de julio, solicitando una serie de documentos e información detallada relacionada con la sesión del 16 de julio de 2024. Entre las peticiones se incluyen copias del acta de sesión y del audio completo, así como documentos discutidos durante la sesión, como la evaluación elaborada por la calificadora de riesgos Value & Risk Rating.
Particularmente, se solicita verificar si los indicadores de solvencia y sostenibilidad presentados al Concejo difieren de los analizados por la calificadora, y si incluyen ingresos corrientes como la sobretasa ambiental, el impuesto de alumbrado público, entre otros. También se requiere una certificación de la mesa directiva sobre el cumplimiento de disposiciones normativas específicas.
La evaluación de esta información es crucial, ya que las supuestas irregularidades podrían poner en duda la capacidad real del municipio para asumir un préstamo de 287.500 millones de pesos. Informes de prensa han sugerido un desfase significativo de más de 200.000 millones de pesos en la capacidad crediticia del municipio, además de cuestionar la motivación y la precisión de la información presentada para justificar el préstamo.
Se advierte que la aprobación del préstamo bajo condiciones dudosas podría desencadenar investigaciones disciplinarias y penales contra los involucrados, a menos que se subsanen las presuntas irregularidades identificadas.
La situación sigue evolucionando mientras se espera la respuesta del Concejo Municipal a las solicitudes detalladas por la abogada Angarita Castro, lo que podría arrojar luz sobre la veracidad de las preocupaciones planteadas y sus posibles repercusiones para el futuro financiero de Cúcuta.
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